La mejoría en seguridad en muchas regiones del país no ha significado una mejoría en la administración de la justicia. En los municipios donde hay presencia de actores armados la justicia funciona a medias o no funciona, según una investigación del Centro de Estudios de Justicia y Sociedad, DeJuSticia.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia . Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2008 y 2010, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
DeJusticia puso el foco en los problemas que tienen que enfrentar jueces y fiscales, a la hora de hacer su trabajo en los sitios donde hay presencia de grupos armados ilegales.
Una de las conclusiones más alarmantes es que en los municipios donde los grupos armados ejercen influencia, se altera significativamente el ejercicio de la Justicia . Para demostrar este punto, DeJusticia comparó la cantidad de demandas instauradas formalmente ante los despachos judiciales (entradas), y el número de decisiones judiciales (salidas) en municipios afectados por la violencia política, con otros municipios que no sufren la presencia de actores armados.
Los investigadores recolectaron información relacionada con varios delitos, como homicidio, hurto y lesiones personales y violencia doméstica, entre otros.
El resultado: en los municipios pequeños (de menos de 20 mil habitantes) donde hay presencia de actores armados tanto las demandas instauradas como las decisiones de los jueces (fallos o condenas) disminuyen drásticamente.
En un segundo análisis de las cifras, DeJusticia comparó el número de eventos de conflicto (confrontaciones, ataques a los municipios, secuestros masivos, incursiones) entre 2008 y 2010, período que corresponde al actual gobierno, con los procesos de justicia que se iniciaron o decidieron (demandas y fallos o condenas). Otra vez la hipótesis que los investigadores presumieron fue comprobada: “a mayor cantidad de eventos de conflicto, menor justicia procesada”.
Los investigadores, aunque no son concluyentes al respecto, mencionan algunas de las interferencias más comunes que la violencia crea sobre la justicia cotidiana en los municipios del país.
En algunos casos la presencia de grupos armados ilegales, usurpa las funciones del Estado y genera una “justicia” paralela. En otros casos, el control férreo y la intimidación sobre la población, en particular el ejercicio de sus derechos y libertades (movilidad, trabajo, vida social) disminuye la conflictividad por la falta de interacción social. Es decir hay menos conflictos entre la gente porque la gente socializa menos porque tiene miedo y desconfianza.
El poder judicial en las zonas donde hay presencia de guerrilla o paramilitares se debilita, ya sea por la presión directa ejercida contra los jueces y fiscales, o bien por el poder corruptor del narcotráfico. En el peor de los casos, los jueces actúan a favor de un grupo ilegal recibiendo órdenes directas, si se rehúsa a hacer lo que le mandan es amenazado o incluso asesinado.
En el mejor de los casos la presencia de los jueces es figurativa, pues no pueden hacer su tarea libremente y actúan con “prudencia” para no afectar los intereses de los grupos ilegales y poner así en riesgo su vida. Así, su trabajo se concentra a la resolución de casos menores y pequeños conflictos domésticos, mientras las decisiones judiciales trascendentales, no se toman nunca.
“En síntesis, la violencia debilita la justicia, y la justicia debilitada contribuye a la reproducción de la violencia”, dice el estudio.
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