Del Estado moderno colombiano y otros males.

Para introducir su investigación, el centro de investigación DeJusticia, incluye un capítulo titulado Estado Territorio y Ciudadanía, en el que condensa la historia de la formación del Estado colombiano. En éste se cuenta el origen del concepto de Estado moderno, que se remonta a ocho siglos atrás en Europa. El capítulo explica por qué ese modelo de Estado, cuyo proceso de formación ha tenido una larga y compleja historia, al intentar aplicarse en América Latina, dio resultados distintos a los que dio en los países del viejo continente. 

En la investigación se describe el modelo de Estado colombiano, que en algunas administraciones locales ha logrado una institucionalidad sólida, y en otras, su soberanía todavía está en vilo, como lo es el caso donde los jueces y fiscales ejercen su oficio a la sombra de los grupos armados. 

DeJusticia caracteriza ese país variopinto, como país difuso, que se compone de un Estado que unas veces ostenta fuerza con los débiles, y en otras, debilidad con los poderosos, y una sociedad que en algunos casos se apropia de sus derechos y en otros se encuentra desvalida. En síntesis “Colombia no responde al modelo de democracia y de Estado de derecho que dicen sus leyes y su Constitución, pero tampoco es la negación total de eso” dice la investigación. 

En ésta descripción, DeJusticia sostiene la tesis de que las personas marginadas, desde la época de la Colonia, sostuvieron relaciones clientelistas con quienes detentaron el poder. Esta singularidad pervive en la relación del Estado colombiano con la sociedad, lo que ha estimulado la idea de que es más importante el estatus que los derechos. La investigación cita una encuesta de este año, hecha por Invamer Gallup y la Universidad de los Andes, en la que el 74 por ciento de los encuestados dijeron que para lograr el éxito en Colombia era necesario tener palanca, es decir, un padrino influyente. 

Esta práctica desdibuja el concepto de país moderno y no permite que el avance hacia la conformación de una sociedad civil activa, y un Estado eficaz a la hora de suplir las necesidades de la gente. También hace que la gente amañe la ley a su conveniencia (o que coloquialmente se conoce como leguleyada). “Cuando la diferencia entre lo obligatorio y lo permitido no está claramente especificada, las personas se valen de la incertidumbre para no cumplir”, dice la investigación.